El auge de las redes sociales y la publicación de contenidos y el incremento de gestiones a través de internet, tanto en el ámbito profesional como en nuestra vida cotidiana, han hecho que la red se convierta en un lugar donde también se cometen delitos, de ahí la importancia de la Ciberseguridad y de contar con una estrategia trazada que nos ayude a prevenir los ciberataques. Precisamente, en esta dirección, el Gobierno ha constituido recientemente el Consejo de Ciberseguridad Nacional con el objetivo de garantizar el uso seguro de las redes y sistemas de información.
Además de la estrategia de Ciberseguridad Nacional, la normativa en España es la siguiente: el Código Penal que tipifica los delitos informáticos, la normativa de protección de datos, la Ley 25/2007 de 18 de octubre de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, la Ley 8/2011 de 28 de abril por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas y el Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
El Centro Nacional de Inteligencia clasifica los ciberdelitos así: ciberespionaje (robo de propiedad intelectual), ciberdelito-cibercrimen (hackers, fraude, robo de tarjetas), civeractivismo (robo y publicación de información) y ciberterrorismo (propaganda, financiación, ataque de infraestructuras).
Los delitos son muy diferentes y en los últimos años los robos de datos y ciberataques se han posicionado como algunos de los mayores riesgos del mundo, por lo que se debe avanzar hacia un escenario adecuado de Ciberseguridad, fomentando la concienciación y responsabilidad ciudadana en el uso de los sistemas de información, con una mayor monitorización y vigilancia de las redes, con un marco normativo equilibrado que obligue a las compañías a implantar programas para proteger la información y con ayudas públicas para las PYMES que se encuentran más indefensas en este territorio.
Fuente: Revista Consejo General de la Abogacía.
